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Situación legal de las asociaciones cannábicas.

Publicado el 29 de Mayo del 2018

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Donosti fue la primera ciudad del Estado en aprobar una legislación de estas asociaciones cannábicas, Navarra fue la primera Comunidad Autónoma en hacerlo a la que se unieron Euskadi y Cataluña aprobando diferentes normas Autonómicas para regular estos colectivos cannábicos, que a falta de datos oficiales se estima que haya más de un millar en todo el Estado, en las cuales se calcula que pueda acoger a más de 300.000 usuarios.

Dichas leyes reguladoras fueron recurridas por la abogacia de estado.

Aunque las Audiencias Provinciales absuelvan de delitos de tráfico de drogas a los responsables de estas asociaciones, los recursos de la Fiscalia General del Estado al Tibunal Supremo, han acabado por condenar a dichos responsables, cerrando la puerta a una regulación por via del asociacionismo.

A finales del pasado año el Tribunal Costitucional rechazó la posibilidad de que las Comunidades Autónomas regularicen la actividad de las asociaciones cannábicas porque considera que invaden competencias del estado en materia penal.

Dicho tribunal tenía diversos recursos pendientes presentados por el Gobierno Español en oposición a distintas leyes aprobadas en Navarra, Euskadi o Cataluña, resolviendo el primer caso, el de Navarra, con un criterio que amplía la anticostitucionalidad a los demás procesos, decisión que ha sido adoptada por unanimidad.

Los magistrados inhabilitan la Ley Foral aprobada en 2015 para regular los clubs cannábicos en Navarra.

En dicha sentencia se afirma que la Ley Foral viola la competencia exclusiva del estado en asuntos sobre reglamento penal porque regula el "consumo, abstecimiento y dispensación de cannabis" interfiriendo en los artículos del código penal que castigan estos comportamientos.

El parlamento Navarro defendía que la ley es constitucional porque está respaldada por la competencia Navarra en materia de asociaciones, mientras que la abogacia del estado en su demanda,defendía la invasión de competencias estatales de dicha Ley Foral en materia de legislación sobre productos farmacéuticos, seguridad pública y legislación penal, centrando el TC su sentencia en la competencia estatal sobre legislación penal, en concreto en el articulo 368 del código penal que castiga con penas de prisión de entre tres y seis años a "los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines".

Tras el análisis de la  Ley Foral, el TC resuelve que viola la jurisdicción estatal en tema de legislación penal porque "se trata de una regulación con incidencia innegable sobre la delimitación del tipo penal correspondiente", ya que si los llamados social cannabis club "pudieran llegar a normalizar actividades que, como la promoción y facilitación del consumo ilegal de estupefacientes, son delictivas, ello supondría que dicha norma, por el solo hecho de permitir y regular tales asociaciones, estaría incidiendo en los tipos penales, cuya definición es de exclusiva competencia estatal".

Según dice el fallo, la competencia autonómica para la regulación de las asociaciones que defiende el Parlamento de Navarra "no incluye, desde luego, la legitimación de fines o medios que sean delictivos". Y tampoco tiene potestad para "reducir el ámbito de tipos delictivos, menoscabando la exclusiva competencia estatal y dando cobertura legal a comportamientos delictivos".

Esta inconstitucionalidad atañe a toda la ley, no sólo a algunos artículos. La razón, explica la sentencia, es que mantener la vigencia de algunos artículos y declarar inconstitucionales solo los que reconocen a los clubes de usuarios de cannabis funciones de adquisición y distribución de dicha sustancia "carecería de efecto y puede llevar a confusión en el seno de una ley cuya finalidad es proporcionar cobertura legal a comportamientos que el legislador penal considera delictivos".

Esta resolución del Tribunal Costitucional encadena con otra sentencia dictaminada por el tribunal en la cual invalida el castigo impuesto a los responsables de una asociación cannábica, pese a la valoración de los recursos de amparo, la esencia de la cuestión no es favorable a los colectivos ya que los dos tribunales, Costitucional y Supremo coinciden en que la labor era delictiva y encajaba en el código penal.

Con una primera sentencia de la Audiencia Provicial que absolvió a los acusados por considerar que no había delito. La Fiscalía del Estado recurrió dandole la razón el Tribunal Supremo y dando portazo a las actividades de las asociaciones que no encajen en el denominado consumo compartido que de momento no se condena, teniendo que ser muy reducidas y con poco acopio de cannabis.

El recurso al Tribunal Costitucional ha anulado la sentencia del Supremo, no por que no considere delictiva la actividad, si no por condenarlos habiendoles negado el derecho a defenderse y ser escuchados. El Tribunal Costitucional considera costitucional el criterio de que la actividad de estas asociaciones era delictiva.

Una combinación de sentencias del TC catastrófica para los Social Clubs.

Porque afirma la actividad de las asociaciones como delictiva y las Comunidades Autonomas faborables a su regulación no tiene poder para cambiarlo.

Todo sigue igual, no hemos abanzado nada legalmente, como seguimos sin una regulación la idefensión de los miembros de estas asociaciones, asi como de todos los consumidores, sigue siendo total.

El Supremo marca las pautas a seguir para que las asociaciones actuen adecuadamente.

Los socios solo podrán ser usuarios habituales de cannabis y tendrán que demostrar esa condición.

No puede estar abierta a un numero indiscriminado de socios.

El consumo deberá producirse en lugar cerrado y con un grupo reducido de usuarios para que pueda considerarse un "acto íntimo sin trascendencia pública" y el consumo debe ser imediato para que el producto no salga del local.

La cuantia de sustancia almacenada debe ser "mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro" y los responsables de la asociación ( la junta directiva) deberan ser quienes ejerzan el control necesario para que todo se cumpla.

Asi pues, mientras el resto del mundo avanza hacia una normalización y regulación que proteja al usuario con cada vez más países legalizando de alguna forma el uso de cannabis, aquí seguimos igual de indefensos gracias a nuestros legisladores.

Lo que tenemos que tener claro todos los consumidores de esta planta que se sigue sin estar reconocida, no está regulada y mientras no se consiga una regulación total o legalización, los usuarios de cannabis, ya sea lúdico, medicinal, individual o asociativo seguiremos indefensos, pero también, seguiremos en la lucha por defender nuestros derechos.

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